Ley del Congreso que reduce el IGV y eleva el Foncomun generaría pérdidas de S/10.000 millones
La reciente aprobación en el Pleno del dictamen que plantea incrementar en un 2% los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) de forma progresiva y reducir el IGV de 16% a 14% desde el 2026, tendría un alto perjuicio fiscal. Según el economista y exjefe de la Sunat, Luis Arias Minaya, dicha norma implicará una pérdida anual de S/ 10 000 millones para las arcas públicas.
Si bien congresistas de diversos grupos parlamentarios consideran que esta ley —pendiente de promulgación— es un paso hacia la descentralización, lo cierto es que el Congreso no está facultado para autorizar más gasto a los municipios locales.
"Le pueden poner el nombre de descentralizar, pero el Congreso no puede crear gasto público. Además, no está asegurado que este dinero vaya a cerrar brechas."
Cómo opera el IPM y el IGV
El Impuesto de Promoción Municipal (IPM) grava a todas las operaciones afectas al IGV recaudado por la Sunat y destinado al Foncomun, que se distribuye entre todas las municipalidades del país para asegurar su funcionamiento.
El IPM tiene una tasa del 2% y su recaudación se hace efectiva junto con el pago del IGV, equivalente al 16%. La suma de ambos conceptos genera como resultado el 18% que afecta a todas las operaciones gravadas.
De acuerdo con Arias Minaya, la norma aprobada por el Congreso transfiere la carga fiscal al próximo gobierno.
"Lo que han hecho es cambiar la composición. Es decir, reducir la parte del gobierno a 14% y subir la parte de los municipios a 4%."
El impacto se da por el lado del gasto porque el gobierno tendrá que disponer de S/ 10 000 millones adicionales que actualmente destina a inversión pública.
Respaldo del Ejecutivo y riesgo fiscal
La ley cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo. El titular de la PCM, Eduardo Arana, adelantó que dispondrá su publicación en el diario El Peruano. El ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, reafirmó la vocación descentralista del gobierno.
Para Arias Minaya, al Poder Ejecutivo le correspondería observar la norma y presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. El Perú lleva dos años incumpliendo la regla fiscal fijada por el MEF, lo que comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas y podría afectar el grado de inversión.
"Las implicancias de perder el grado de inversión significa que cada vez que queramos tomar deuda, la deuda nos va a salir más cara."
Arias Minaya advirtió que habrá menos dinero disponible para el gasto social.
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